El modelo de integración europea es un ejemplo exitoso de lo que Latinoamérica podría aspirar a lograr. Expertos en la materia analizan el reto que tenemos por delante como región.

Hace apenas unos días, Europa celebraba el 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma, suscrito por Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia y Luxemburgo, el 25 de marzo de 1957, y que dio origen al nacimiento de la Comunidad Europea.

En efecto, tras la Segunda Guerra Mundial, que finalizó en mayo de 1945, los países europeos se vieron obligados a buscar mecanismos de integración y cooperación que garantizaran la paz social y pusiesen fin a las atrocidades y horrores de la guerra. Las primeras iniciativas tendentes a alcanzar esa unión fracasaron, pero dos de ellas resultaron exitosas.

Por una parte, en 1949 se creó el Consejo de Europa, primer fruto concreto del movimiento europeo, hoy integrado por 45 estados. Por otro lado, el 18 de abril de 1951, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia y Luxemburgo firmaron el Tratado de París, dando vida a la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA).

En 1957, con el Tratado de Roma los mismos países suscribieron los tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM). El EURATOM resultó en un fracaso relativo; mientras que CECA y la CEE lograron funcionar articuladamente y de forma eficiente, a pesar de sus diferencias: la primera se orientaba hacia el libre mercado; mientras que la segunda estuvo marcada por el dirigismo. En este sentido, la CEE siempre apuntó hacia el Mercado Común. De allí que con el tiempo, removiera los aranceles y estableciera el arancel exterior común y, más adelante -en 1992- eliminara las restantes barreras económicas.

La consolidación de la unificación europea fue avanzando progresivamente. En 1973 se inició la expansión. En 1979, comenzó la carrera hacia la integración monetaria. En los años siguientes, la necesidad de una unión económica y monetaria, las modificaciones geopolíticas (tales como el derrumbamiento del sistema comunista de Europa del Este), y la ineludible reforma institucional, condujeron a los líderes europeos a reunirse en Maastricht -en 1991-, para adoptar el Tratado de la Unión Europea (TUE), que modificó el Tratado de Roma de 1957, convirtiendo oficialmente a la CEE en la Unión Europea (UE). Asimismo, se agregaron los siguientes objetivos comunes: reforzar la convergencia económica y alcanzar la unión monetaria; crear una ciudadanía común; desarrollar una política exterior y de seguridad común; y facilitar la libre circulación de personas.

En adelante, la integración europea no se detuvo. El 1ro. de enero de 1992, entró en vigor el Mercado Común Europeo. En 1995, se aprobó el Acuerdo Schengen, el cual eliminó fronteras y controles limítrofes. En 1997, los jefes de gobierno de los países de la UE acordaron la actualización del Tratado de Maastricht y acogieron el texto actual del Tratado de la Unión Europea. En 2002, se adoptó la moneda común y en 2004, Europa contaba ya con 25 estados miembros.

Con la firma del Tratado Constitucional, el 29 de octubre de 2004, se abrió una nueva fase del proceso de construcción europea. Pero el incontenible efecto “dominó” derivado del comportamiento de los votantes franceses y neerlandeses suscitó un “impasse constitucional” que condujo a los europeos a una reflexión común acerca de sus necesidades y demandas, como ciudadanos de una misma comunidad. Asimismo, se postergó la ratificación del Tratado Constitucional.

Recientemente -el 1 de enero de 2007-, la incorporación de Bulgaria y Rumania, elevó a 27 el número de Estados miembros de la UE. Los fundadores de la Comunidad Europea jamás imaginaron que la unión que promovieron serviría de inspiración a otros procesos de integración en otras regiones, como América Latina.

Por su magnitud y amplitud, la Unión Europea constituye el modelo exitoso de integración de mayor significación política e histórica a nivel mundial. Sin embargo, frente a ella, la integración latinoamericana se encuentra en estado embrionario y, en el contexto actual, la región no pareciera ser capaz de funcionar en forma unitaria.

Con base en la experiencia europea, no cabe duda alguna de que la integración requiere de un proceso de ingeniería económica, primero, y política, después. Desde el punto de vista económico, los países que aspiran integrarse deben ser relativamente homogéneos y con un nivel de desarrollo comparable.

En lo que atañe a la política, aquella conduce necesariamente a una pérdida relativa de poder y soberanía e implica un proceso irreversible. En este sentido, las desigualdades estructurales que afectan a América Latina, las exigencias domésticas tan diversas y el décalage democrático actual dificultan la consolidación de un bloque económico y político.

Cierto es que no siempre ha existido homogeneidad entre los estados que componen la UE y los candidatos a la adhesión, pero se han adoptado mecanismos concretos para nivelarlos. Tras la caída de la Cortina de Hierro, los estados europeos del este y los del occidente se enfrentaron al desafío de redefinir por completo las relaciones entre sí e intentar superar definitivamente la división de Europa. La UE optó por ofrecer a estos países la posibilidad de adherirse a la comunidad y éstos aceptaron asumir los costos de las reformas necesarias para lograrlo. Además de satisfacer las condiciones de orden político -existencia de instituciones estables garantes de la democracia, primacía del derecho, derechos humanos, respeto de las minorías y absorción del acervo comunitario- se exigió que los países candidatos dispusiesen de una economía de mercado viable, con capacidad suficiente para hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas de mercado en el interior de la Unión Europea. Para alcanzar estos objetivos, la UE puso a disposición de esos estados ayudas financieras tendentes a alcanzar cierta cohesión económica o social y a proveerlos de las herramientas necesarias para que puedan aplicar el acervo comunitario.

Cabe entonces preguntarse si ante las incertidumbres y cambios que se observan hoy día en América Latina, tanto en la perspectiva política como en la económica, ¿está América Latina preparada para acoger y respetar los principios de economía de mercado y de libre competencia, preámbulo económico de la integración política? ¿Cumple América Latina con las condiciones básicas de orden político a las que se hace referencia en el párrafo anterior? ¿En este contexto, será capaz de sobreponer los obstáculos políticos e institucionales que impiden la realización de un mercado competitivo y plenamente liberado?

Si aceptamos que la Unión Europea constituye el modelo exitoso de integración de mayor significación política e histórica a nivel mundial, ¿podrá América Latina aprender de esa experiencia y así alcanzar una competitividad sostenible como región? La globalización y las fuerzas del mercado no subsidian ineficiencias. Por el contrario, celebran a la competitividad bien entendida. Definitivamente, tenemos un reto serio en Latinoamérica.

*Ricardo Ernst es profesor del McDonough School of Business, director administrativo del Latin American Board y codirector del Global Logistics Research Program de Georgetown University. Tiene un comentario semanal en CNN. Posee un M.A. y un Ph.D. en Operations Management en el Wharton School de la Universidad de Pennsylvania.

*Rosa Rodríguez es asistente del director administrativo del Latin American Board de Georgetown University. Posee un Diploma de Suficiencia Investigadora (Diploma de Estudios Avanzados) y es Doctora en Derecho Administrativo Económico, ambos por la Universidad Complutense de Madrid.

Fotos:
Foto página 72: © Jacques Loic / Photononstop
Foto página 74: © Murat Taner / zefa / Corbis